La Comisión Europea presentó el pasado miércoles 30 de septiembre su primer informe sobre el Estado de Derecho en los 27, un informe que, en relación a España, da un aviso y critica las largas esperas que sufren los procesos judiciales y exige también que se renueve el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Además, comienzan a escucharse diversas críticas y la “discusión” en relación a la independencia del Ministerio Fiscal, tambiénes un punto de peso el que al Fiscal General lo nombra el Ejecutivo y que no hay obligación de que las comunicaciones entre ambos sean públicas.
Un primer borrador del informe, al que ha tenido acceso Europa Press, no se encuentra una puntuación o calificación general del Estado de Derecho en España, sino que solamente expone diversas observaciones en cuanto a cómo funciona el sistema judicial, la legislación y los métodos para combatir la anticorrupción y el pluralismo mediático, en numerosos casos extraidas de informes previos del Consejo de Europa, que es una institución que es totalmente externa a la UE.
Tampoco se puede encontrar ningún tipo de valoración sobre la declaración del estado de alarma a cause de la pandemia de covid-19 –un tema sobre el que el PP envió un documento a Bruselas– y simplemente verificaba que Congreso de los Diputados dio permiso para seis prórrogas y que el Tribunal Constitucional puede controlar si el Ejecutivo se sobrepasa en su definición de emergencia y en las diferentes medidas adoptadas.
Estos informes son una idea que Didier Reynders, actualmente comisario de Justicia europeo, comenzó a expresar en 2016, cuando el Gobierno polaco comenzó a hacer diversas reformas que causaron controversia y también en una situación en que se empezaba a conocer la situación el Cataluña en relación al independentismo y la secesión.
El primer borrador al que se ha tenido acceso no hacía mención alguna a Catalunya. Sin embargo, la atención estará puesta sin duda en Polonia y Hungría. En cuanto a España, consta de un informe de 11 páginas, centrado en documentación de más de un centenar y en visitas virtuales a 15 diferentes instituciones españolas, tales como algunos Ministerios o incluso el Defensor del Pueblo, según diversas fuentes que saben como se ha realizado el proceso de elaboración.
En relación a este documento ha informado la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, al Consejo de Ministros, según está registrado en la referencia publicada de la reunión.
El informe demuestra que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra actualmente a la espera de una renovación y que su presidente, Carlos Lesmes, ha avisado de que esta “anomalía institucional” puede acabar desacreditando al órgano. Llegados a esta situación, el informe de la Comisión se remite al Consejo de Europa, que ha dejado claro que estos hechos confirman la importancia de asegurar que el Consejo no se vea como algo vulnerable a la politización.
En segundo lugar, recalca que la relación que hay entre el Fiscal General y el Gobierno es “objeto de debate” y de críticas, debido a que es el Ejecutivo quien nombra al Fiscal y, aunque no puede cesarlo, su mandato termina con el del Ejecutivo y eso “puede afectar la percepción de independencia“.
Llegados a este punto, vuelve a nombrar al Consejo de Europa porque éste ha destacado que, para que exista confianza pública, es primordial que la Fiscalía no solo sea imparcial, objetiva y libre de intromisiones, sino que además lo parezca. Además, recuerda que esa institución ha aceptado que el asunto se ha deliberado debidamente pero que ha pedido a las autoridades mejoras sustantivas para aumentar la autonomía del Ministerio Público, sobre todo en lo relativo a sus comunicaciones con el Gobierno.
Señala, en específico, que esta ley no necesita que las comunicaciones entre el Gobierno y la Fiscalía sean públicas, ni que estén por escrito. Así, confirma que “parece” que cabe la posibilidad de “publicar algunas de estas comunicaciones como notas de prensa en la web del Ministerio de Justicia“, sin embargo, incluye que los actores del ámbito judicial denotan la importancia de esta publicidad para así evitar cualquier impresión de interferencia política.
Dicho texto recalca que los procesos judiciales llevan cada vez más tiempo, por ejemplo, más de 600 días en el caso del Tribunal Supremo. También ha recabado algunas de las preocupaciones debido a los efectos del estado de alarma en las demoras y los atrasos, pero añade que se han tomado medidas.
Por otro lado, notamos la ausencia de un marco global a los denunciantes de corrupción –aunque señala que el Gobierno empezó a trabajar en junio para crear una– y también sobre los ‘lobbies’ o grupos de interés, algo que también ha llamado la atención del Consejo Europeo.
Reitera, además, que en los últimos años España ha blindado su marco de lucha contra la corrupción y señala que, aunque en España no exista una estrategia global contra este gran problema de la sociedad. La Estrategia nacional que se creó en febrero de 2019 para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia grave, tiene como objetivo aumentar la capacidad de investigación. Aún con todo esto, recoge que, según el Eurobarómetro, el 94% de los españoles cree que la corrupción está extendida, frente al 71% de la media europea.
En relación a la transparencia, recalca que no hay normas homogéneas para los distintos niveles de la Administración en relación a conflictos de interés, incompatibilidades y publicidad de bienes y activos y que, según un informe del GRECO (Consejo de Europa) el Consejo de Transparencia existen diversos problemas de recursos financieros y humanos. Tampoco existe ningún tipo de código de conducta único para todos los electos, aunque el Congreso de los Diputados aplicó uno el pasado febrero de 2019.
Además, indica que la Constitución consagra la libertad de expresión y de prensa y el derecho a la información. También reitera que la Ley de Seguridad Ciudadana ha alentado numerosas “preocupaciones” dentro de este ámbito. Este informe también cree que el proceso legislativo tiene diversas garantías de transparencia y que el Defensor del Pueblo es poseedor de un mandato “extenso” que puede usar en defensa de los derechos de los ciudadanos.